Concejal Bracalenti lleva disputa por acceso a datos municipales a la Fiscalía de Estado

El concejal Bracalenti, representante del Partido Socialista, ha formalizado un reclamo ante la Fiscalía de Estado de Santa Fe. La presentación se origina en la presunta restricción del acceso al sistema UNIRE, una herramienta fundamental para el control de la gestión administrativa y financiera municipal, medida que el edil atribuye al Ejecutivo y que tiene a Berti como blanco de su denuncia.

El sistema UNIRE constituye una plataforma esencial para el seguimiento en tiempo real de los movimientos administrativos, contables y financieros de la comuna. Su disponibilidad es clave para que los concejales puedan ejercer una función de contralor efectiva sobre los recursos públicos y las decisiones adoptadas por el gobierno local.

Tras haber agotado las instancias de reclamo dentro del propio ámbito municipal, Bracalenti decidió escalar la disputa. El edil considera que la limitación impuesta vulnera su derecho como representante del cuerpo legislativo a fiscalizar la labor del Ejecutivo.

La denuncia formalizada ante la Fiscalía de Estado se enmarca en lo que se denomina un conflicto interorgánico. El objetivo es que el organismo provincial intervenga para determinar si la restricción de acceso al sistema UNIRE es legítima o si, por el contrario, representa un obstáculo indebido a las funciones de control inherentes a su cargo.

La acción del Ejecutivo Municipal, que según Bracalenti derivó en la restricción del acceso, es el eje central de esta controversia. La presentación judicial apunta directamente a Berti como figura clave en esta situación, buscando una resolución que garantice la transparencia en la administración comunal.

Este tipo de disputas pone de manifiesto la importancia de los mecanismos de transparencia y control en la gestión pública. El acceso irrestricto a la información es un pilar fundamental para el buen gobierno y para la necesaria rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Ahora, la Fiscalía de Estado de Santa Fe deberá analizar la presentación realizada por el concejal Bracalenti y, eventualmente, solicitar los informes pertinentes al Ejecutivo Municipal para expedirse sobre el conflicto planteado. La resolución que adopte podría sentar un precedente sobre los límites del acceso a la información en el ámbito municipal.