Conflicto por financiamiento: Gobierno suma 300 días al margen de la ley universitaria
🕒 Publicada el 17 de agosto de 2026 a las 15:33 h
A 300 días de su promulgación, la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin cumplirse por parte del Gobierno Nacional, provocando medidas de fuerza en las universidades de todo el país.
El Gobierno Nacional, bajo la gestión del presidente Javier Milei, ha superado los 300 días sin aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, generando un conflicto persistente con el sector académico y gremial de las universidades públicas.
La Ley 27.795, sancionada con el objetivo de garantizar recursos adecuados y previsibles para las instituciones de educación superior en todo el territorio argentino, se encuentra en un limbo legal y presupuestario desde hace casi diez meses.
El tiempo transcurrido, que suma más de 7.200 horas desde que la normativa debería estar en plena vigencia, evidencia una demora significativa en la implementación de una política clave para la sustentabilidad y el desarrollo de la educación superior argentina.
Ante esta situación, docentes universitarios nucleados en gremios como CONADU Histórica y la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) han convocado a paros nacionales. Estas medidas de fuerza, que han incluido jornadas de 24 horas, buscan visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la ley.
El descontento se extiende también al personal no docente. Sindicatos como FATUN, FEDUN, AGD UBA y FAGDUT, que forman parte del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, también han adherido a las protestas y denunciado la ilegalidad del accionar gubernamental al no aplicar la ley.
La falta de cumplimiento de la ley impacta directamente en la planificación presupuestaria, la continuidad de programas de investigación, la extensión universitaria y el funcionamiento general de las casas de estudio, generando incertidumbre sobre la calidad educativa y las condiciones laborales.
Este prolongado diferendo subraya la tensión entre las necesidades presupuestarias y operativas del sistema universitario nacional y las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a su financiamiento, manteniendo abierta una disputa que afecta a miles de estudiantes y trabajadores.
