Diputados aprobó la Ley de Discapacidad y descartó el recorte previsto

En una extensa jornada legislativa, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por una abrumadora mayoría de dos tercios el proyecto de ley que establece un nuevo régimen permanente para el sistema de discapacidad en la Argentina. La votación cerró con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, logrando la confluencia entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y diversos bloques provinciales. La norma pasa ahora al Senado para su tratamiento definitivo, con un respaldo numérico que vuelve remota la posibilidad de vetos o modificaciones sustanciales en la Cámara Alta.

La iniciativa surge para reemplazar a la actual Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento está fijado para el próximo 31 de diciembre. Frente a la presión de las organizaciones del colectivo y tras intensas negociaciones, los bloques opositores y el oficialismo acordaron dejar de lado las partidas de ajuste incluidas originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 y ratificar, mediante una ley de carácter permanente, los pilares centrales del esquema de prestaciones de salud y previsión.

El texto sancionado ratifica la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como la vía directa para acceder al beneficio de la Pensión No Contributiva, fijando su monto en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio con actualización periódica según el Índice de Precios al Consumidor. Asimismo, preserva la validez del Nomenclador Universal de Prestaciones Básicas y el arancel unificado para todos los efectores del país, impidiendo que cada provincia o prepaga establezca valores diferenciados.

Un punto central del proyecto consensuado es la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo registrado. Las personas con CUD podrán mantener el beneficio previsional aun cuando se desempeñen en el mercado formal o se encuentren inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos declarados no superen la suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, se garantizó que los titulares de estas pensiones dispongan de cobertura de salud integral a través del Programa Incluir Salud.

En materia presupuestaria, el proyecto especifica que las partidas destinadas a sostener el sistema provendrán de asignaciones directas del Ministerio de Salud, previendo compensaciones extraordinarias del Tesoro Nacional en caso de resultar insuficientes para asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo. En relación con los prestadores que registren deudas pendientes al momento de la promulgación, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de regularización dentro de los 30 días y concretar el pago definitivo en un plazo máximo de tres meses.

Por último, la ley establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará controles periódicos mediante el cruce automático de datos entre organismos oficiales. Si bien se faculta la suspensión preventiva de beneficios ante irregularidades, la normativa exige el cumplimiento estricto de un debido proceso inclusivo que contempla la notificación previa, el derecho a defensa del titular y la restitución provisoria del haber mientras dure el trámite administrativo.