Entidades bancarias solicitan informes sobre los costos y la proporcionalidad del DReI
🕒 Publicada el 13 de noviembre de 2026 a las 14:43 h · 📍 Villa Constitución
A través de una presentación formal dirigida a la presidencia del cuerpo legislativo villense, las asociaciones ABA y ADEBA solicitaron datos presupuestarios de los últimos cuatro períodos fiscales. Citaron recientes fallos de la Corte Suprema y advirtieron sobre el criterio de razonabilidad tributaria de cara a la ordenanza impositiva 2027.
Las cámaras que nuclean a las principales entidades financieras del país —la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)— ingresaron una presentación formal en el Honorable Concejo Municipal de Villa Constitución, dirigida a su presidenta Carla Bertero, con el objetivo de requerir información detallada sobre la composición y el sustento técnico del Derecho de Registro e Inspección (DReI) aplicado a las sucursales bancarias locales.
En el escrito, firmado por los representantes M. Paz Adrogué y Andrés Valls, las entidades recuerdan que este tributo reviste la naturaleza jurídica de una tasa, por lo cual su validez depende de la prestación concreta, efectiva e individualizada de servicios municipales de verificación en materia de seguridad e higiene, así como de una razonable proporción entre el monto cobrado y el costo real de dicha prestación. Para fundamentar el planteo, citaron dos pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el pasado 10 de septiembre de 2026 en causas vinculadas a los municipios de Córdoba y Pergamino, donde el máximo tribunal ratificó que las tasas no pueden exceder el costo particular del servicio ni convertirse en un impuesto encubierto sobre la capacidad contributiva.
Amparándose en la normativa nacional y provincial de acceso a la información pública, las asociaciones bancarias solicitaron que en un plazo de diez días hábiles se informe el costo total anual que insumen las inspecciones de seguridad e higiene en la ciudad, el costo específico correspondiente a las sucursales financieras y la ejecución presupuestaria aprobada para dichas tareas durante los períodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026.
Finalmente, ante el inminente tratamiento legislativo de las ordenanzas tributarias que regirán para el período fiscal 2027, ABA y ADEBA solicitaron a los concejales que al fijar el alcance del Derecho de Registro e Inspección se garantice la proporcionalidad respecto al costo de prestación del servicio, advirtiendo que de lo contrario podrían aprobarse disposiciones pasibles de cuestionamientos constitucionales.
