Intervención de Ueno Bank en Paraguay: Ahorros bloqueados, detenciones y repercusiones políticas

El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso este martes 3 de noviembre de 2026 la intervención de Ueno Bank, una medida que dejó a miles de ahorristas y clientes sin acceso inmediato a sus fondos. La resolución, motivada por un severo deterioro en la solvencia de la entidad financiera, desencadenó una serie de allanamientos y detenciones, además de generar repercusiones políticas que alcanzan al propio presidente Santiago Peña.

La decisión del Directorio del BCP, tomada por unanimidad y comunicada el 3 de noviembre tras una disposición fechada el 2, se fundamentó en la comprobación de que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación. Según la entidad supervisora, este deterioro patrimonial grave surgió de ajustes realizados a los estados financieros durante un proceso de regularización. La Superintendencia de Bancos ha intervenido para verificar el patrimonio y preservar los activos, aunque el regulador enfatiza que se trata de una situación particular y no de una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.

El impacto para los usuarios de Ueno Bank fue inmediato. Las operaciones de la entidad quedaron suspendidas, imposibilitando el acceso a través de tarjetas y cuentas bancarias. Esta resolución trasladó la incertidumbre desde el balance de la institución a la vida cotidiana de miles de personas que dependían de esos fondos para sus transacciones habituales.

La crisis adquirió una dimensión penal tras la denuncia presentada por el BCP ante el Ministerio Público. La Fiscalía dispuso la detención de ocho personas vinculadas a Ueno Bank. Durante la jornada, se concretaron las detenciones de Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández. Otras órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público incluyen a Juan Manuel Gustale, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. Miguel Vázquez Villasanti, identificado como CEO de Ueno Bank, se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional tras la orden de captura en su contra. El fiscal Francisco Cabrera señaló que se analizan más de 2.000 fojas en busca de posibles conductas encuadrables en lesión de confianza, estafa y otros hechos punibles.

La situación provocó la renuncia del titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, quien permanece provisionalmente en su cargo mientras la entidad supervisora conduce el proceso de resolución. Carvallo Spalding había presidido Financiera Ueno antes de asumir la conducción del organismo encargado de la supervisión del sistema financiero, un antecedente que añade complejidad a la crisis institucional.

El escándalo financiero también salpica al presidente Santiago Peña, cuyo pasado como inversor en Ueno Holding ha vuelto al centro de la discusión pública. Este antecedente se suma a la significativa exposición de recursos estatales en la entidad, generando interrogantes sobre la gestión y supervisión de las finanzas públicas.

Según datos de Bloomberg, los depósitos gubernamentales en Ueno Bank rondaban los 869 millones de dólares al cierre de junio, representando el 29% de sus depósitos totales. La recuperación de estos fondos públicos se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la crisis, dada la magnitud de la exposición estatal.

Una de las mayores preocupaciones se centra en la exposición del Instituto de Previsión Social (IPS). Los reportes indican que sus inversiones en Ueno incluyen certificados de depósito de ahorro y bonos financieros. Las cifras varían: el diario Última Hora mencionó una exposición cercana a 345 millones de dólares, mientras que Radio 1000, citando a la gerente financiera Gladys Vera, situó el monto alrededor de 380 millones de dólares, equivalentes al 9% de la cartera de inversiones de la previsional. El IPS aseguró que las jubilaciones y los aguinaldos serán pagados en tiempo y forma, aunque aproximadamente 32.000 beneficiarios deberán migrar sus fondos a otras entidades bancarias. Las autoridades previsionales también aclararon que durante 2026 no se realizaron nuevas inversiones en Ueno, habiendo alcanzado el límite prudencial en 2025.

El Banco Central del Paraguay informó que la garantía para los depositantes alcanza los 228.300.000 guaraníes por persona y por entidad, cifra equivalente a 75 salarios mínimos mensuales. Para los saldos que superen esta suma, el organismo anunció que utilizará los mecanismos legales disponibles para procurar su protección. Las autoridades prevén un plazo máximo de 15 días para completar el balance de exclusión de activos y pasivos, aunque buscan acortar este período. Este plazo corresponde a una etapa del procedimiento y no debe interpretarse como una promesa de devolución total de todos los fondos.