Gobierno apela fallo por Ley Universitaria: la cautelar se mantiene vigente

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital, ha presentado una apelación contra la reciente medida judicial que lo obligaba a dar cumplimiento inmediato a la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia ha habilitado este recurso del Ejecutivo, pero la medida cautelar que ordena la aplicación de la norma se mantiene vigente.

La decisión del Ejecutivo busca revertir el fallo del juez federal Martín Cormick, que declaraba la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025. Dicho decreto, emitido por el Poder Ejecutivo, condicionaba la ejecución de los fondos universitarios a la asignación previa de recursos específicos en el Presupuesto Nacional.

En su dictamen, la justicia de primera instancia invalidó esta disposición reglamentaria y ordenó, de forma urgente, la elaboración de las normativas necesarias para girar las partidas destinadas a salarios de docentes y no docentes, programas de investigación y becas estudiantiles, elementos cruciales para el funcionamiento del sistema universitario.

Con el recurso interpuesto por el Ministerio de Capital, el expediente judicial ha dejado el juzgado de origen. Ahora, la causa recae en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, un tribunal de alzada que tendrá la responsabilidad de determinar si ratifica la inconstitucionalidad de la traba impuesta por el decreto o si otorga al Ejecutivo un margen de maniobra fiscal en la materia.

La habilitación de la apelación por parte de la Justicia no implica, en este contexto, la suspensión automática de la orden de fondo. Por lo tanto, la medida cautelar que exige al Gobierno girar los fondos universitarios de manera inmediata sigue activa, a la espera de la resolución definitiva de la Cámara.

Este conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario suma así un nuevo capítulo institucional. Es relevante recordar que la ley fue aprobada originalmente por el Congreso Nacional. Posteriormente, fue vetada por el Presidente, pero el Poder Legislativo logró reunir las mayorías agravadas necesarias para insistir en su promulgación, revalidando así su vigencia.

La apelación del Gobierno introduce una nueva etapa en la disputa legal, poniendo a prueba la capacidad del Poder Judicial para asegurar la aplicación de leyes sancionadas por el Congreso frente a decisiones administrativas del Ejecutivo, mientras la situación presupuestaria de las universidades queda en suspenso hasta que haya una resolución firme.