Solicitan declarar la emergencia alimentaria en Villa Constitución

Con el respaldo de once espacios comunitarios pertenecientes a los barrios Unión, Bajo Cilsa, Santa Teresita, Prefectura, 9 de Julio, Las Palmeras, San José y Parque Industrial, la Asociación Civil Dosveinte y la Corriente Nacional de la Militancia presentaron formalmente al Honorable Concejo Municipal un proyecto de ordenanza integral. La iniciativa fundamenta su urgencia en el deterioro de las condiciones socioeconómicas, señalando que la pobreza en el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución alcanzó un 35,5% y la indigencia un 10,3% en el primer trimestre del año, afectando de manera crítica a niños y jóvenes de la región.

El documento advierte sobre el incremento constante de vecinos que acuden diariamente a los comedores tras la interrupción de los envíos de alimentos por parte del Estado Nacional y la eliminación de programas de asistencia para cocineras y ayudantes. "Ante el abandono de las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la alimentación, se acrecienta el rol y el aumento sostenido de personas que acuden diariamente a comedores y merenderos. Se vuelve imprescindible reconocer, visibilizar y fortalecer el trabajo de quienes garantizan que miles de familias accedan al alimento en los barrios populares", sostienen las organizaciones firmantes en el proyecto elevado a la presidenta del cuerpo deliberativo, Carla Bertero.

El proyecto de ordenanza propone declarar el estado de emergencia alimentaria en la jurisdicción municipal por el término de 365 días a partir de su promulgación. Entre sus artículos principales, la norma establece la creación del Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios bajo la órbita de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano del Ejecutivo Municipal. Este padrón permitirá relevar con precisión las condiciones edilicias, la cantidad de raciones entregadas, la población beneficiaria y la nómina de trabajadores abocados al sostenimiento de cada espacio.

Asimismo, la propuesta contempla la creación del Fondo de Acompañamiento Económico a los espacios alimentarios, financiado mediante partidas presupuestarias locales y gestiones ante la Provincia y la Nación. Para sostener la operatividad de los comedores, se fijó además una contraprestación económica equiparable al 60% del valor de la beca del programa municipal "Yo cuido mi barrio", orientada a compensar las tareas de elaboración de alimentos, logística y atención comunitaria.

Para garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la norma, la iniciativa contempla la constitución de un órgano de control y seguimiento de la emergencia alimentaria. Este cuerpo estará integrado de forma plural por un concejal de cada bloque legislativo, un representante del área social municipal, un profesional del área de Nutrición y dos delegados de las organizaciones sociales que gestionan los merenderos de la ciudad.

Por último, el proyecto autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios de auxilio financiero con los gobiernos provincial y nacional para canalizar recursos adicionales en el menor plazo posible, con la obligación de informar al Poder Legislativo local sobre cada avance en un plazo no mayor a cinco días de suscriptos los acuerdos.